Si un ciudadano de uno de estos países comete un delito en España, las autoridades españolas pueden procesarlo y condenarlo en España, pero no pueden extraditarlo a su país de origen.
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En caso de que una persona eluda la justicia española y huya a un país sin tratado de extradición, no podrá ser extraditada para ser juzgada en España.
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Son acuerdos que se firman con anticipación antes de hacer la solicitud de traslado y siempre son con car or truckácter de petición, ya que sostener un tratado entre dos países no vuelve obligatoria la extradición.
También se puede detener la extradición si se logra demostrar que no existen verdaderas razones fundadas para que el Estado requirente haga tal solicitud, pues no hay algún motivo que verdaderamente lo avale para ser quien juzgue a la persona en cuestión.
En cualquier caso, es importante que se sigan manteniendo relaciones internacionales y se busquen soluciones para garantizar la justicia y la seguridad en España.
En el ámbito de la justicia, la extradición es un proceso elementary para garantizar la persecución de los delitos y la aplicación de las leyes.
La sospechosa, identificada como Chahinez K., tiene 27 años y fue arrestada en Países Bajos a finales de abril a solicitud de las autoridades españolas. Se le acusa de financiar y ayudar a planear el tiroteo.
Cuando una persona enfrenta cargos legales en su país de origen, puede considerar buscar refugio en un país que no tenga tratado de extradición con su nación.
Es importante destacar que la extradición pasiva suele estar sujeta a la voluntad política del país en el que se encuentra el fugitivo y puede ser un proceso largo y complicado.
No existen las garantías suficientes por parte del Estado solicitante, de que no va a ejecutar o someter a penas inhumanas a la persona reclamada.
Junto a Ayari, también fue arrestado en Haarlem un coacusado, un hombre de 27 años de nacionalidad colombiana. Ambos detenidos permanecen totalmente incomunicados y solo están en contacto con sus respectivos abogados.
La solicitud de extradición debe estar respaldada por pruebas y documentos que demuestren la existencia de una causa penal válida y suficiente.